Problemas fronterizos entre Venezuela y el Mar Caribe

Las continuas disputas territoriales de Venezuela y las preocupaciones en seguridad fronteriza con varios de sus vecinos caribeños crean una incómoda historia. Los esfuerzos de esta nación por extender su alcance en el Mar Caribe involucran en gran medida el mantenimiento de un pequeño islote a 547 km de la costa de Venezuela.

Disputa por fronteras

Desde 1978, los gobiernos de Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Santa Lucía y Montserrat han tenido quejas en curso en las Naciones Unidas con respecto a una reclamación venezolana a una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 370 kilómetros que rodea Isla de Aves.

La Isla de Aves es un banco de arena que descansa sobre un sub-cimiento coralino.

Establecido por una fuerza naval venezolana en 1950 y con una misión científica permanente en 1978, esta isla ha sido cubierta de tierra transportada desde el continente y arrecifes artificiales que se han construido para mantenerla y evitar que pueda ser completamente sumergida durante huracanes o marea alta.

Bajo la administración del presidente Hugo Chávez, en el 2004 el ejército venezolano estableció un pequeño puesto avanzado en el territorio, en el que construyeron el edificio sobre pilotes debido a la falta de terreno firme disponible.

¿Sabías qué...?
En 1980, Isla de Aves fue sumergida y dividida en dos por el huracán Allen, pero más adelante se recuperó. Hoy en día es lugar de paso y anidación de algunas aves marinas y tortugas verdes.

Las aguas en el Caribe oriental son excelentes para la pesca y se cree que contienen grandes reservas de petróleo submarino. Sin embargo, algunos países del Caribe cuestionan la afirmación de la ZEE de Venezuela bajo el argumento de que Aves no satisface la definición de isla de la ONU, son simplemente islotes rocosos aislados y no islas verdaderas, que la lleva a ser catalogada en un estatus que permite un número considerablemente menor de derechos. Además, la posición de Caracas sobre el tema ha dejado a muchas naciones insulares del Caribe con ZEE reducidas, que limita el área de sus pescadores y expande la influencia de Venezuela en la cuenca.

Los estados del Caribe cuestionan la soberanía de Venezuela sobre los islotes.

En 2005, Venezuela lanzó su iniciativa Petrocaribe, que permitía a los países del Caribe oriental comprar petróleo bajo condiciones de préstamos preferenciales. Después de esta oferta, la mayoría de las disputas sobre la legitimidad de la demanda de Venezuela a Aves se cayeron, no obstante, las objeciones permanecen sobre la ZEE asociada con la demanda.

Pequeña causa, gran efecto

El pequeño islote de Aves se ha utilizado para justificar una extensión enormemente desproporcionada de la ZEE de Venezuela hasta el mar abierto adyacente a Guadalupe. Este crédito se ha efectuado con el aval de Francia, Países Bajos y Estados Unidos, en nombre de sus dependencias insulares dentro de la zona.

Venezuela y Barbados

Venezuela también tiene una disputa marítima con Barbados, originada en 2008 cuando la nación insular comenzó a perforar en alta mar en una zona del Océano Atlántico también reclamada por Caracas. El reclamo no es reconocido por las Naciones Unidas.

 

La Comisión de Límites de la ONU fijó en abril de 2010 algunas sugerencias para el límite exterior de su plataforma continental.

Venezuela y Antillas Neerlandesas

El presidente Chávez creó preocupación entre las autoridades holandesas a principios del 2010 al acusar a los aviones militares holandeses estacionados en la cercana cadena de islas Antillas Neerlandesas de violar el espacio aéreo venezolano. El presidente venezolano ha acusado repetidamente a los holandeses, que controlan la política exterior y defensa de la isla, de facilitar la invasión estadounidense de su país.

Venezuela ha reclamado los territorios insulares holandeses situados a pocos kilómetros de su costa, desde la década de 1940.

Zonas económicas exclusivas

Los problemas relacionados con las ZEE son de fecha más reciente y preocupan a la mayoría de los estados y territorios de la región, como las islas, que no están en la lista de conflictos históricos. A su vez, tienden a ser menos agudos, ya que cubren tramos de mar donde las reclamaciones de derechos no están tan arraigadas y donde los recursos son generalmente limitados.

Con algunas excepciones locales, el espacio marítimo caribeño no es rico en poblaciones de peces. Casi todos los países son importadores netos de productos del mar, y sólo unos pocos mantienen flotas pesqueras de alta mar; así como también, los recursos explotados que normalmente se encuentran en el fondo marino están lejos de ser significativos.

Por consiguiente, el potencial conocido de las ZEE no es lo suficientemente grande como para justificar su desarrollo en un futuro previsible, por lo que para la mayoría de los países en cuestión no deberían comprometer los medios y los esfuerzos. Además, en cualquier caso, difícilmente tienen los medios, ya sean técnicos, militares, financieros o simplemente humanos, para ejercer una verdadera soberanía, controlar y eventualmente explotar estas enormes extensiones de mar.

Las dos disputas más significativas, que abarcan cientos de miles de kilómetros cuadrados entre numerosos estados, son por su naturaleza fácilmente comparables y se refieren a las ZEE de Colombia y Venezuela, donde ninguno de los dos estados ha ratificado la Convención de Bahía Montego y que aparecen claramente en el mapa como “anomalías”.

 

Problemas fronterizos entre Argentina y Uruguay

Tras la separación de España en 1811, Uruguay fue anexado por Portugal a sus territorios brasileños, pero no fue hasta 1828 que el país llegó a ser totalmente independiente según el Tratado de Montevideo. Hasta principios del siglo XX, este país participó en un concurso interno de poder político a través de guerras civiles, dictaduras y caudillismo.

Las administraciones del presidente José Batlle a principios del siglo XX lanzaron reformas políticas, sociales y económicas generalizadas que establecieron una tradición estatista.

Los socios políticos y económicos más importantes de Uruguay son sus vecinos, en particular Brasil y Argentina.

Disputa internacional

Planta de celulosa

El 4 de mayo de 2006, Argentina interpuso un recurso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra su vecino Uruguay, alegaba que este país había incumplido una obligación bilateral de consultarles antes de emprender un proyecto de celulosa en el río Uruguay.

El proyecto se encuentra a 25 kilómetros de la localidad argentina Gualeguaychú.

El proyecto estaba en una fase inicial de construcción y contaba con los permisos necesarios de las autoridades uruguayas. Si se completaba, sería el mayor proyecto de molienda de celulosa del mundo.

¿Sabías qué...?
La fábrica de celulosa inaugurada en 2007 está ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, a orillas del río Uruguay, que forma la frontera entre las dos naciones sudamericanas.

En su demanda, Argentina alegó que Uruguay, al autorizar unilateralmente la construcción de las fábricas de papel, había violado el Estatuto del Río Uruguay, tratado entre ambos países.

Argentina solicitó la reparación del perjuicio derivado de la supuesta falta de cumplimiento por parte de Uruguay de los procedimientos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay, en particular el procedimiento de notificación previa y consulta de este estatuto.

Las emisiones tóxicas de gases y líquidos y la liberación de vapores malolientes de las dos fábricas de papel eran la mayor preocupación de Argentina; ya que éstas podrían dañar el frágil ecosistema del río Uruguay, además de perjudicar la salud de más de 300.000 residentes locales. Las fábricas también causarían daños materiales, ya que tendrían efectos nocivos sobre los recursos pesqueros y la economía local.

El punto clave de discordia entre las partes era si las fábricas de papel cumplirían o no las normas internacionales relativas a la emisión de efluentes. Según Uruguay, los estudios ambientales demuestran que el impacto no era tal para que cumpla con el umbral de activar los requisitos de notificación que involucran a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Por su parte, Argentina rechazó estos estudios y alegó que son parcialistas, demasiado optimistas e incompletos, especialmente en lo que respecta a los efectos potenciales en la salud y socioeconómicos; por lo que solicitó información adicional en el marco de la CARU y exigió un estudio más global e independiente sobre los posibles efectos ambientales.

Comercio

Uruguay forma parte de la zona de libre comercio del Mercado Común del Sur (Mercosur). Casi la mitad de las exportaciones del país se destinan a Argentina y Brasil, el resto, a los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Las importaciones proceden principalmente de los socios del Mercosur, la Unión Europea y Estados Unidos.

Protestas

Las objeciones de Argentina a la fábrica de celulosa arriesgaron una división diplomática entre los dos países después de que Buenos Aires llevó el asunto a la Corte Internacional de Justicia, el tribunal de La Haya que arbitra las cuestiones transfronterizas entre países.

El tribunal decidió en julio que el proyecto podría seguir adelante, y el Banco Mundial ha dicho que la planta cumple con sus normas ambientales.

En 2010, la CIJ falló a favor de la operación uruguaya de dos fábricas de papel en el río Uruguay.

EcoMetrix, la compañía canadiense que llevó a cabo el estudio de impacto ambiental del Banco Mundial, manifestó que las emisiones de la planta estarían muy por debajo de los niveles aceptados y que las industrias locales no podrían enfrentar problemas a largo plazo.

Sin embargo, el proyecto llevó a que manifestantes ambientalistas se reunieran en las afueras de las oficinas presidenciales en Montevideo.

La secretaria de Medio Ambiente de Argentina, Romina Picolotti, desestimó el informe del Banco Mundial esta semana, pero también atacó a los manifestantes, al decir que podrían perjudicar los intentos del gobierno de resolver el problema diplomáticamente.

Uruguay afirmó que una ronda anterior de manifestaciones sobre la planta había causado al país 200 millones de dólares en pérdida de turismo y comercio.

La ola de protestas contra el proyecto hizo que Ence, la empresa española que estaba a cargo de una de las dos fábricas de celulosa, trasladara su proyecto a otras partes de Uruguay. Pero la fábrica que construía la empresa finlandesa Botnia siguió adelante. El río Uruguay es compartido por ambos países.