Leyes contra la discriminación en Nicaragua

La discriminación es un fenómeno social en el que se le da un trato distinto a un individuo por razones injustificadas, como su etnia, religión o discapacidad. En Nicaragua se ha establecido un marco normativo con los siguientes lineamientos, pretextos discriminatorios y penalizaciones pertinentes.

Constitución política de la república de nicaragua

Esta ley fundamental de Estado, reconoce en su artículo 5 que “el respeto a la dignidad de la persona” es un principio de la Nación nicaragüense. Asimismo, en su artículo 27 establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimientos, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”.

Por su parte, el artículo 48 reconoce el derecho de igualdad al establecer “la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos; en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país”.

La igualdad de derechos entre mujeres y hombres constituye un elemento indispensable para la erradicación de la pobreza, la profundización de la democracia y el crecimiento económico.

Ley N° 648: Ley de igualdad de derechos y oportunidades

La Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades tiene como objeto “promover la igualdad y equidad en el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre mujeres y hombres” .

También establece en su primer artículo la finalidad de “establecer los principios generales que fundamenten políticas públicas dirigidas a garantizar el ejercicio efectivo en la igualdad real, en la aplicación de la norma jurídica vigente de mujeres y hombres, para asegurar el pleno desarrollo de la mujer y establecer los mecanismos fundamentales a través de los cuales todos los órganos de la administración pública y demás Poderes del Estado, gobiernos regionales y municipales garantizarán la efectiva igualdad entre mujeres y hombres”.

La Ley N°648 se fundamenta en la igualdad, equidad, justicia, no discriminación, no violencia, y el respeto a la dignidad y la vida de las personas.

La norma también fija las faltas y sanciones administrativas en su artículo 38, el cual cita: La autoridad, funcionario o empleado público que por acción u omisión permita que se realicen actos de distinción, exclusión o restricción con base en el sexo o cualquier otra condición de la mujer que obstaculice o prive el ejercicio, goce o reconocimiento de sus derechos humanos en cualquier esfera de su vida, será sancionado con multa equivalente a tres meses de salario. En caso de reincidencia será sancionado con su destitución del cargo”.

Ley N°763: Ley De Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad

Esta ley tiene por objeto “establecer el marco legal y de garantía para la promoción, protección y aseguramiento del pleno goce y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad, respetando su dignidad inherente y garantizando el desarrollo humano integral de las mismas, con el fin de equiparar sus oportunidades de inclusión a la sociedad, sin discriminación alguna y mejorar su nivel de vida; garantizando el pleno reconocimiento de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes
y los instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua en materia de discapacidad”.

La Ley N°763 considera principalmente a las personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y sus familias (especial protección y atención a personas menores de 18 años).

Discapacidad (definición según Ley N°763)

“Es el resultado de la interacción entre la persona con deficiencias y su entorno discapacitante. La discapacidad está enmarcada en las barreras latentes y perpetuas implantadas por la sociedad, que hacen imposible que las personas con discapacidad accedan a la vida social de manera activa, pasiva, directa o indirecta al igual que otro ser humano,
la discapacidad por ende no es algo que radique en la persona como resultado de una deficiencia”.

Ley N°779: Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641 Código Penal

El objeto de esta ley se muestra en la el artículo 1, el cual aclara que la intención de la norma es “actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarle una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación; establecer medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia, impulsando cambios en los patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder”.

En Nicaragua, la violencia hacia las mujeres se ha considera como un problema de “salud pública y de seguridad ciudadana”.

La ley se aplica en el ámbito público y privado; así mismo especifica los derechos que son objeto de protección, como el derecho a que se respete su vida; el derecho a vivir sin violencia y discriminación; el derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral, patrimonial o económica; y el derecho a la libertad, seguridad personal e intimidad.

Leyes contra la discriminación en Colombia

La discriminación es un fenómeno social en el que se le da un trato distinto a un individuo por razones injustificadas. En Colombia se han implementado diversas normativas en rechazo a este tipo de comportamiento, en especial cuando se trata de raza o discapacidad.

Estudios realizados en 2019 demostraron que la población afrocolombiana es el grupo étnico que más se ha sentido segregado en Colombia.

LEY Nº 1.482: LEY ANTIDISCRIMINACIÓN

Promulgada el 30 de noviembre de 2011.

Esta norma modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones. En su artículo primero marca su objetivo principal que consiste en “garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación”.

La Ley establece que el Título I del Libro II del Código Penal tendrá un Capítulo IX, concerniente a los actos de discriminación, con 4 artículos que regulan la materia:

134 A. Actos de Racismo o Discriminación;

134 B. Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política u origen étnico o cultural;

134 C. Circunstancias de agravación; y

134 D. Circunstancias de Atenuación Punitiva.

Define la discriminación como todo acto que “arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual”, asimismo en su artículo tercero se declara que aquella persona que realice actos discriminatorios “incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Además, la Ley Nº 1.482 incorpora el artículo 102 al Código Penal sobre la apología del genocidio, éste establece que “el que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan, el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el i ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses”.

La Ley fue una iniciativa del senador Carlos Baena, del movimiento político Mira y se aprobó en septiembre de 2011 por el Congreso tras una conciliación.

Ley Nº 1.346: Por medio del cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Promulgada el 31 de julio de 2009.

Esta ley aclara en su primer artículo que tiene por propósito “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Del mismo modo, establece que las personas con discapacidad“incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Asimismo, esta norma de 50 artículos, define la “discriminación por motivos de discapacidad” como “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.

También aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y obliga al país a perfeccionar el vínculo internacional respecto de la misma.

En 2018, el alto consejero presidencial para la Discapacidad, Jairo Clopatofsky confirmó que, “se estima que el 15 % de la población mundial son más de 1.200 millones de habitantes en la tierra y solamente 200 millones tienen algún tipo de discapacidad severa”.

Ley Nº 1.618: Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad

Promulgada el 27 de febrero de 2013.

Es una ley estatutaria que establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El objeto de esta ley, tal como lo expresa su artículo primero, título primero es “garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley Nº 1.346 de 2009”.

La normativa trata algunas definiciones y principios básicos relacionados a la discriminación (Título II), las obligaciones del estado y la sociedad (Título III), las medidas para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad (Título IV) y disposiciones finales (Título V).

Esta Ley se basa en los principios de dignidad humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, justicia, inclusión, accesibilidad, diversidad y respeto y aceptación a la diferencia.

Estructura política de El Salvador

El Salvador tiene una democracia representativa en la que el presidente ejerce como jefe Estado y jefe de Gobierno. Tiene 3 poderes principales: el Ejecutivo, ejercido por el gobierno; el Legislativo, ejercido por el gobierno y la Asamblea Legislativa; y el Judicial, independiente de los demás poderes.

El Salvador

El Salvador es un país de América Central que obtuvo su independencia en 1841 después de que la República Federal de América Central colapsó. La Constitución de El Salvador es la ley suprema en el país y dicta el sistema de gobierno en El Salvador, el cual es una democracia presidencial representativa donde el presidente es tanto el jefe de Estado como el jefe de Gobierno.

Desde finales de la década de 1970 hasta principios de la década de 1990, El Salvador fue el centro de atención internacional debido a su guerra civil y la participación externa en sus conflictos internos. La guerra, que enfrentó a una insurgencia de izquierda militar y políticamente capaz contra las Fuerzas Armadas salvadoreñas apoyadas por los Estados Unidos, fue causada por décadas de gobierno represivo y una profunda desigualdad social.

Luego de los acuerdos de paz de 1992 mediados por las Naciones Unidas, el país comenzó a recuperarse de años de agitación política y económica, sin embargo, fue devastado por el huracán Mitch en 1998 y por un terremoto en 2001.

A pesar de haber transcurrido tantos años, aún persisten problemas económicos, desigualdad y un débil crecimiento económico, lo cual obstaculiza su desarrollo.

Política de El Salvador

La Constitución de El Salvador aprobada en 1983, prevé un gobierno representativo con tres ramas: Legislativa, Ejecutiva y Judicial. El Poder Ejecutivo es ejercido por el presidente elegido por voto popular, los ministros del gabinete y los subsecretarios de Estado. El Poder Legislativo reside en una Asamblea Legislativa unicameral, elegida popularmente, cuyos miembros ocupan su cargo por tres años. El Poder Judicial se compone de una Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados son seleccionados por la Asamblea Legislativa.

Poder Ejecutivo

El Ejecutivo es el poder encargado de implementar y aplicar las políticas e intereses gubernamentales. De acuerdo con la Constitución aprobada de El Salvador, este poder está liderado presidente, y le siguen el vicepresidente y el gabinete.

Manuel José de Arce y Fagoaga fue el primer presidente de El Salvador y ejerció durante 1825 y 1829.

El Presidente es elegido democráticamente a través del sufragio público directo de adultos para servir un mandato de cinco años sin posibilidad de reelección inmediata. Para ser elegido, el candidato debe obtener la mayoría absoluta de 50 + 1 % del total de los votos emitidos. Si ninguno de los candidatos lo logra, se realizan elecciones de desempate 30 días después con los dos candidatos que obtuvieron más votos.

El gabinete es elegido por el presidente y está formado por ministros que dirigen los respectivos ministerios gubernamentales.

Algunas de las atribuciones del presidente son:

1.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución.

2.- Proponer convenciones internacionales y someterlos a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

3.- Dirigir las relaciones exteriores.

4.- informar sus acciones a la Asamblea Legislativa, excepto si se trata de planes militares secretos.

5.- Sancionar y publicar las leyes.

6.- Disponer de las Fuerzas Armadas.

7.- En caso de guerra, el presidente la dirige y hace los tratados de paz que luego deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa.

8.- Mantener la paz y la seguridad pública así como hacer cumplir los derechos humanos.

Poder Legislativo

Este poder es regido por la Asamblea Legislativa unicameral (de una sola cámara), la cual está compuesta por 84 diputados de los principales partidos políticos en El Salvador. Todos los diputados son elegidos por voto popular y deben cumplir un mandato de tres años con posible reelección inmediata.

De los 84 diputados, 64 son elegidos de 14 departamentos nacionales de El Salvador, mientras que los 20 diputados restantes son elegidos en base a un distrito electoral nacional.

Algunas de las atribuciones de la Asamblea Legislativa son:

  • Aprobar y derogar leyes.
  • Controlar las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo.
  • Establecer los impuestos y decretar todos los años el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública.
  • Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas de la República.
  • Elegir al Fiscal General, al Procurador General y al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Poder Judicial

Es el poder encargado de impartir justicia a través del cumplimiento de la Constitución de la República de El Salvador de 1983. Es el mayor órgano jurisdiccional de El Salvador y tiene como atribuciones juzgar y hacer ejecutar las leyes que dicen en constitución en materia penal, civil mercantil, agraria y laboral, entre otras.

La sede del Poder Judicial se encuentra en la ciudad de San Salvador.
¿Sabías qué...?

En su vida constitucional, El Salvador ha tenido 14 constituciones, actualmente se encuentra en vigencia la constitución de 1983.

Voto femenino

El 5 de diciembre de 1938, El Salvador, en la sesión de la Asamblea Legislativa, aprobó que la mujer salvadoreña tenía derecho a votar en cualquier tipo de elección.

Estructura política de Guatemala

El gobierno de Guatemala es una república democrática representativa. Este país está liderado por el presidente, que es a la vez jefe de Estado y jefe de Gobierno. En 1985, Guatemala estableció una separación de poderes gubernamentales a través de la creación de 3 poderes de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Guatemala

Es un país de Centroamérica con una gran cultura indígena, característica que lo distingue de sus países vecinos. Guatemala fue descubierta por los españoles en 1517, sin embargo, tuvieron que pasar casi dos siglos de arduas batallas entre los indígenas y los colonos para que finalmente España pudiera conquistarla.

Después de obtener la independencia de España en la década de 1820, Guatemala tuvo una larga historia de gobiernos autoritarios y los regímenes militares hasta que finalmente en 1985 se convirtió en un Estado democrático.

Desde 1954, los gobiernos de Guatemala se enfrentaron constantemente a la presión de la guerrilla, lo que provocó una guerra civil que duró 36 años, finalmente en 1996 se firmaron los acuerdos de paz en 1996. En dichos conflictos también se vieron afectados los indígenas sin embargo, Rigoberta Menchú participó activamente en la defensa de sus derechos.

Rigoberta Menchú, maya quiché y defensora de los pueblos indígenas de América Latina, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992.

Guatemala ha tenido una recuperación política y económica lenta desde el siglo XXI. Las elecciones se han celebrado regularmente desde 1996, pero, debido a que hay muchos partidos políticos que tienden a ser pequeños y de corta duración, la convergencia en las soluciones políticas se demora y persiste el temor a un retorno militar al poder desde los primeros años del siglo XXI.

Estructura política

Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo del gobierno está encabezado por el presidente de Guatemala, quien es elegido por la población general para cumplir un mandato de 4 años sin posibilidad de reelección. También ejercen dentro de este poder el vicepresidente y los ministros.

El presidente es responsable de asegurarse de que el Poder Ejecutivo, formado por ministerios, lleve a cabo la legislación aprobada por el Congreso de Guatemala. El vicepresidente se desempeña por debajo del presidente, puede presentarse en las elecciones como candidato presidencial después de pasar 4 años fuera de la oficina del vicepresidente.

Por otro lado, los ministros son los que se encargan de hacer funcionar los ministerios, en Guatemala existen 14: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Ministerio de Cultura y Deporte; Ministerio de la Defensa Nacional; Ministerio del Desarrollo Social; Ministerio de Economía; Ministerio de Educación; Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de Finanzas Públicas; Ministerio de Gobernación; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Algunas de las funciones del Poder Ejecutivo son:

  • Promulgar o sancionar leyes nacionales.
  • Cumplir y hacer cumplir la constitución para el bienestar de la población
  • El presidente actúa como comandante de las Fuerzas Armadas.
  • El presidente es el encargado de negociar los tratados y relaciones internacionales.
  • Nombrar y remover ministros.

Poder Legislativo

Está compuesto por el Congreso de Guatemala, un cuerpo legislativo unicameral que tiene 158 miembros que son elegidos por la población general para cumplir un período de 4 años. Cada miembro se selecciona en función de la representación proporcional de la lista de partidos.

31 de los miembros son elegidos de una lista nacional, los otros 127 diputados del Congreso son elegidos de los 22 departamentos de Guatemala. El número de diputados por departamento va a depender del tamaño de su población.

El Departamento de Guatemala, donde se encuentra la capital, está dividido en 2 distritos y tiene la mayor representación en el Congreso con 30 miembros.

Mientras sirven en el Congreso, los diputados pueden cambiarse de partido político o retirarse de una afiliación política para establecer un nuevo partido político.

Dentro de las funciones más importantes del Congreso se encuentran: redactar, leer e introducir nuevas leyes y políticas. Estos proyectos de ley son luego negociados y votados. Si se aprueban, los proyectos de ley pasan al Presidente para que se conviertan en ley.

Poder Ejecutivo

El Poder Judicial es independiente del Legislativo y del Ejecutivo. Su función principal es la de garantizar que las leyes de la constitución sean cumplidas. Los organismos adscritos al Poder Ejecutivo son el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Supremo es la corte de apelaciones más alta y está conformada por un panel de 13 jueces que son elegidos para trabajar por períodos de 5 años; y por un presidente que está a cargo de la gestión de jueces de primera instancia en todo el país.

El Tribunal Constitucional por otro lado, es responsable de conocer los casos que involucran interpretación constitucional. Esta conformado por un panel de 5 jueces que sirven por un periodo de 5 años. Durante su mandato, cada juez actúa como presidente durante 1 año. Los jueces del Tribunal Constitucional son elegidos por los siguientes órganos: presidente (1), Congreso (1), Tribunal Supremo (1), Consejo Superior de la Universidad San Carlos de Guatemala (1) y Colegio de Abogados (1).

¿Sabías qué...?

Las primeras elecciones de Guatemala consideradas libres y justas por observadores internacionales fueron las elecciones presidenciales y legislativas de 1999.

Gabino Gaínza y Fernández de Medrano

Fue un militar y político español que participó en el proceso de independencia de Hispanoamérica, a pesar de que inicialmente luchó del lado realista en Guatemala ejerció como jefe político superior de la Provincia de Guatemala y proclamó la independencia del mismo.

Organización económica, social y política de Roma y Grecia

Tanto Grecia como Roma son países mediterráneos, lo suficientemente similares en latitud como para que ambos cultiven vino y aceitunas. Sin embargo, en el pasado, su organización social, su cultura, su política y su arte presentaban notables diferencias.

Diferencias entre GrECIA y Roma

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Estructura política de Costa Rica

La política de Costa Rica es una democrática representativa con un sistema multipartidista. El Poder Ejecutivo es ejercido por el presidente y su gabinete; el Poder Legislativo es ejercido por la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo y Legislativo, pero se involucra levemente en la política.

Costa Rica

Con una sólida y longeva democracia, Costa Rica es un país de América Central de entre los más prósperos y funcionales del planeta, tiene una buena calificación en todos los índices de desarrollo y competitividad. Además es una nación desmilitarizada desde 1948. Sin embargo, posee retos importantes en materia de infraestructura, desempleo, desigualdad y delincuencia.

Costa Rica es una nación soberana compuesta por 7 provincias. Ubicada en América Central, posee un territorio con un área total de 51.100 km².

Historia de Costa Rica

A principios del siglo XVI, Costa Rica estaba habitada por pueblos originarios divididos en tribus de agricultores que habían creado una sociedad sofisticada. Sin embargo, el 18 de septiembre de 1502, Cristóbal Colón avistó Costa Rica, posterior a eso, a mediados del siglo XVI, comenzó la conquista española. Debido a que el país carecía de oro, no era tan importante como otros países conquistados y su pequeña población fue devastada por las enfermedades europeas.

En 1821 América Central se separó de España y se independizó, Juan Mora Fernández se convirtió en el primer jefe de Estado en 1824. Aunque al principio Costa Rica era parte de una federación con otros estados centroamericanos, pronto se disolvió y se convirtió formalmente en un Estado soberano en 1838.

En 1889 se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas en Costa Rica. La primera parte del siglo XX fue pacífica, sin embargo, en 1948 se libró una breve guerra civil después de un proceso electoral. A pesar de que la paz regresó pronto, cerca de 2.000 personas murieron en combate, razón por la cual en 1949 se publicó una nueva constitución y el ejército en Costa Rica fue abolido.

A fines del siglo XX, Costa Rica se desarrolló gradualmente. En 1987, el presidente Oscar Arias Sánchez recibió el Premio Nobel de la Paz. A partir de allí Costa Rica ha continuado su mejora, hoy en día tiene un sistema político y económico estable que le asegura un buen futuro como nación.

Presidente Óscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz.

Estructura política de Costa Rica

El presidente es el encargado del Poder Ejecutivo. Es elegido por voto popular y no por la Asamblea Nacional. Además del presidente, existen dos vicepresidentes y un gabinete presidencial compuesto por ministros.

A diferencia de otros países americanos, el presidente de Costa Rica tiene poderes limitados, por ejemplo, el presupuesto de la nación es establecido por el Poder Legislativo y no puede ser vetado por él. Sin embargo, uno de los poderes más importantes que tiene en contra del Congreso es poder designar a cualquier persona para su gabinete de ministros sin necesidad de la aprobación de la aprobación de nadie.

Poder Legislativo

La Asamblea Legislativa Unimérica, o Asemblea Legislativa, es el centro con más poder de Costa Rica, tiene un total de 57 escaños y sus miembros son elegidos por voto popular, secreto y directo para cumplir con sus actividades por un período de cuatro años. La Legislatura tiene dos sesiones ordinarias, la primera va desde el 1 de mayo al 31 de julio y la segunda, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre.

La Asamblea Legislativa tiene más poder en Costa Rica que en otros países de América Central.

Las Comisiones Legislativas están compuestas por seis comisiones permanentes que son responsables de evaluar las leyes propuestas. Las seis comisiones son: Agricultura y Recursos Naturales, Asuntos Económicos, Gobierno y Administración, Presupuestos e Impuestos, Asuntos Judiciales y Asuntos Sociales.

Algunas de las atribuciones del Poder Legislativo son:

  1. Dictar, reformar o derogar leyes.
  2. Elegir y nombrar a los magistrados y suplentes de la Corte Suprema de Justicia.
  3. Aprobar o no los convenios internacionales y tratados públicos.
  4. Dar o no su consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.
  5. Suspender (por votación) a cualquiera de sus miembros,
  6. Admitir o no cualquier acusación que se produzca hacia el presidente.
  7. Dictar el presupuesto de la república.
  8. Nombrar al contralor y al subcontralor General de la República.
  9. Establecer los impuestos y contribuciones.
  10. Promover el progreso de las ciencias y la cultura.
  11. Crear tribunales de justicia que estén al servicio de la nación.

Poder Judicial

El sistema legal en Costa Rica se basa en el sistema civil español y es independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Este es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, la cual a su vez está compuesta por 22 magistrados o jueces de la Corte Suprema que son seleccionados por el Poder Legislativo para ejercer funciones por períodos renovables de 8 años. Los jueces pueden ser reelegidos, por lo tanto pueden permanecer en su puesto de por vida.

El Tribunal Supremo está compuesto por 4 salas:

1) Sala I, derecho comercial y civil: está presidido por siete magistrados y tiene poder sobre todos los asuntos civiles y administrativos.

2) Sala II, derecho administrativo y laboral: está presidido por cinco magistrados y tiene jurisdicción de apelación en asuntos civiles, incluidos el derecho de familia, los Estados y el derecho laboral.

3) Sala III, derecho penal: está presidido por cinco magistrados y tiene jurisdicción sobre las apelaciones penales.

4) Sala IV, la Ley Constitucional: tiene jurisdicción exclusiva sobre todos los asuntos constitucionales.

¿Sabías qué...?

Desde 1969, los presidentes y diputados solamente podían tener un solo mandato, sin embargo, esta prohibición fue declarada como inconstitucional en el 2004.

Elecciones

Las elecciones son supervisadas por el Tribunal Supremo Electoral independiente, una comisión formada por tres magistrados principales y seis suplentes, todos seleccionados por la Corte Suprema de Justicia.

El derecho de las minorías

¿Qué significa la expresión «derecho de las minorías»? Particularmente, comprende dos conceptos bien distintos: en primer lugar, los derechos normales individuales tales como se aplican a miembros de minorías raciales, étnicas, de clase, religiosas, lingüísticas o sexuales; por otro lado, los derechos colectivos que se le conceden a los grupos minoritarios. Ahora bien, la expresión también se puede utilizar para referirse a los derechos individuales de toda persona que no es parte de una decisión de la mayoría. Por ello mismo, la búsqueda de una definición ampliamente aceptada presenta dificultades.

CONCEPTO

La Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías se refiere en su artículo 1º a las minorías sobre la base de su identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística, y dispone que los Estados protejan su existencia. No hay ninguna definición internacionalmente acordada sobre qué grupos constituyen minorías. Muchas veces se subraya que la existencia de una minoría es una cuestión de hecho y que toda definición ha de incluir tanto factores objetivos (como la existencia de una etnia, de un lenguaje o de una religión compartidos) como factores subjetivos (en particular, que las personas de que se trate han de identificarse a sí mismas como miembros de una minoría).

El término «minoría», como se utiliza en el sistema de las Naciones Unidas en relación con los derechos humanos, se refiere generalmente a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Todos los Estados tienen en sus territorios nacionales uno o varios grupos minoritarios caracterizados por su propia identidad nacional, étnica, lingüística o religiosa, que difiere de la identidad de la población mayoritaria.

La Declaración de Durban de 2001 afirma que «debe protegerse la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las minorías, cuando las haya», y que «las personas pertenecientes a esas minorías deben ser tratadas en pie de igualdad».

Según la definición dada en 1977 por Francesco Capotorti, Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, una minoría es:

Un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, que se encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros, que son nacionales del Estado, poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población y manifiestan, aunque sólo sea implícitamente, un sentimiento de solidaridad para preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma.

Aunque muchas veces se ha criticado el criterio de la nacionalidad incluido en esta definición, el requisito de que la minoría se encuentre en una posición no dominante continúa siendo importante.

BREVE ANÁLISIS

Los esfuerzos de los grupos no dominantes por preservar sus diferencias culturales, religiosas o étnicas se iniciaron con la conformación de los primeros Estados-nación, hacia los siglos XVIII y XIX. Ahora bien, el reconocimiento y la protección de los derechos de las minorías comenzaron ya en la Sociedad de las Naciones, con la adopción de varios «tratados sobre las minorías». Las Naciones Unidas establecieron también gradualmente cierto número de normas, procedimientos y mecanismos en relación con las minorías.

Sede principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.
Durante los conflictos es cuando evidentemente corre mayor riesgo la integridad física de las personas pertenecientes a grupos minoritarios; se debe velar entonces por que las minorías tengan acceso a ayuda y socorro humanitarios.

En particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías, de 1992, reconocen y protegen los derechos de las personas pertenecientes a minorías. No obstante, en la práctica, esos derechos distan mucho de poder ejercerse realmente.

Las minorías frecuentemente son víctimas de conflictos armados y de luchas internas en todo el mundo. Es motivo de especial preocupación la situación de los refugiados y de las personas pertenecientes a minorías, en particular las mujeres y los niños, desplazados en su propio país. Las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas son víctimas de múltiples discriminaciones y pueden carecer de acceso a, entre otras cosas, una vivienda adecuada, la tierra, la propiedad e incluso la nacionalidad.

Campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Allí se llevaron a cabo los actos más aberrantes contra la población judía durante la Segunda Guerra Mundial.

Basándose en la experiencia de las comunidades minoritarias de todo el mundo, así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías y en otras normas internacionales relativas a los derechos de las minorías, se puede señalar que los principales motivos de preocupación son los siguientes: la supervivencia y la existencia, la promoción y la protección de la identidad de las minorías, la igualdad y la no discriminación, y la participación efectiva y útil.

No obstante, todas las medidas encaminadas a la protección de las minorías deben centrarse primordialmente en la protección de la existencia física de las personas pertenecientes a minorías, y particularmente en su protección contra el genocidio y contra los crímenes de lesa humanidad.

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS

En 1992 la Asamblea General aprobó por consenso la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías (resolución 47/135). La Declaración, que es el principal documento de consulta en lo que se refiere a los derechos de las minorías, concede a las personas pertenecientes a minorías lo siguiente:

• La protección, por los Estados, de su existencia y de su identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística;
• El derecho de disfrutar de su propia cultura, de profesar y practicar su propia religión y de utilizar su propio idioma en privado y en público;
• El derecho de participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública;
• El derecho de participar efectivamente en la adopción de las decisiones que las afecten a nivel nacional y regional;
• El derecho de establecer y mantener sus propias asociaciones;
• El derecho de establecer y mantener contactos pacíficos con otros miembros de su grupo y con personas pertenecientes a otras minorías, tanto dentro de su propio país como a través de las fronteras estatales, y
• La libertad de ejercer sus derechos, tanto individualmente como en comunidad con otros miembros de su grupo, sin discriminación.

Los Estados han de proteger y promover los derechos de las personas pertenecientes a minorías exigiendo que se preste particular atención a cuestiones tales como el reconocimiento de la existencia de las minorías; que se trate de garantizar sus derechos a la no discriminación y a la igualdad; que se promueva la educación multicultural e intercultural en los planos nacional y local; que se promueva su participación en todos los aspectos de la vida pública; que se tengan en cuenta sus inquietudes en los procesos de desarrollo y en la lucha contra la pobreza; que se tomen en consideración las disparidades existentes en indicadores sociales tales como los relativos al empleo, a la salud y a la vivienda, y que se tenga en cuenta la situación de las mujeres y las preocupaciones especiales relativas a los niños pertenecientes a minorías.

En la actualidad es importante elaborar propuestas para la eliminación de la discriminación racial y la xenofobia; el pueblo africano es uno de los grupos que más padecen este flagelo.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en particular su artículo 27, inspiró el contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías. Ese artículo dispone lo siguiente:

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

Ese artículo protege los derechos de las personas pertenecientes a minorías a su identidad nacional, étnica, religiosa o lingüística, o a una combinación de tales modalidades de esa identidad, y a preservar las características que deseen mantener y desarrollar. Aunque el artículo se refiere a los derechos de las minorías en los Estados en que existan, su aplicación no depende de que el Estado reconozca oficialmente a una minoría. Los Estados que han ratificado el Pacto están obligados a hacer que todas las personas sometidas a su jurisdicción disfruten de sus derechos; esto puede exigir la adopción de medidas específicas para corregir las desigualdades a las que estén sometidas las minorías.

El pueblo indígena y la explotación de recursos naturales

Los recursos naturales de nuestro planeta constituyen la base del sustento, la cultura y la identidad de los pueblos indígenas; muchos de ellos viven en áreas ricas en recursos vivos y no vivos, que incluyen bosques con abundante biodiversidad, agua y minerales.

Hoy en día, la supervivencia e integridad de estos pueblos requiere el reconocimiento de sus derechos a los recursos encontrados en sus tierras.

Los pueblos indígenas tienen derechos de propiedad sobre los recursos naturales que están presentes en sus territorios.

Demanda mundial de recursos naturales

Por la actual globalización económica, en el último cuarto de siglo se ha generado una búsqueda a gran escala de combustibles fósiles y recursos minerales por parte de las empresas mineras, pero estos son cada vez más escasos. Esta búsqueda ha llevado a la industria extractiva a regiones cada vez más vulnerables y remotas del planeta, donde predominan los grupos indígenas.

La creciente demanda mundial de productos básicos que se extraen de los recursos naturales, junto con años de precios históricamente altos, particularmente a partir del 2000, han generado decenas de proyectos extractivos.

Muchos de los proyectos de extracción se construyen cerca o en las tierras de los pueblos indígenas.

Los proyectos de mega minería son muy intensivos, el costo de extracción es enorme y puede tomar muchos años en obtener rendimientos significativos de la inversión.

¿Sabías qué...?
Se estima que el 85 % de las áreas protegidas designadas en América Central están habitadas por pueblos indígenas.

Para los gobiernos, el ingreso del sector extractivo contribuye significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) en los países en desarrollo. Los ingresos extractivos pueden utilizarse para financiar programas sociales de educación y alivio de la pobreza, como sucede en Brasil y Venezuela. Pero lamentablemente, a menudo también fomentan la corrupción, el conflicto y en el caso de los pueblos indígenas, un lento “genocidio cultural”.

Explotación a nivel mundial

En regiones como América Latina, los problemas que enfrentan las comunidades aborígenes están centrados en la minería y la tala; por ejemplo, en América del Norte la minería de alquitranes, en el Ártico hubo conflictos sobre parques eólicos y minería de hierro, mientras que en África se destinaron miles de hectáreas de tierra para corporaciones o gobiernos extranjeros.

Todos los gobiernos suelen perseguir un paradigma de desarrollo dominante en el que hoy día los pueblos indígenas no tienen realmente un lugar y eso es un problema.

Gran parte de los pueblos indígenas viven en Asia

La Fundación del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, AIPP por sus siglas en inglés, señaló que dos tercios de los 370 millones de pueblos indígenas autoidentificados en el mundo viven en Asia y esas personas se encuentran actualmente marginadas y subordinadas económica, política y culturalmente.

Según el informe emitido, la causa de esta situación en la región está relacionada con la militarización, el saqueo de recursos, la reubicación forzada, el genocidio cultural y la discriminación en la vida cotidiana de los indígenas.

Como medida para mitigar esto, la AIPP llamó a los gobiernos de Asia a respetar la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos.

Según la AIPP, el gobierno debe tener la obligación moral de respetar estos acuerdos.

Derechos y asuntos legales

Es seguro que los pueblos indígenas han sido reconocidos, pero lo que no escapa de la vista del mundo es que el reconocimiento legal no significa que se respeten los derechos, territorios, recursos y culturas de estos pueblos. Gobiernos, corporaciones, madereros, campesinos, ganaderos y muchos otros todavía codician sus tierras y recursos, además de que siempre encuentran las maneras de adquirirlos.

La emergencia toma la forma de desalojos de tierras, desplazamientos, violencia estatal y corporativa, y reubicaciones forzadas contra grupos indígenas. Tales conflictos en Centroamérica son frecuentes y violentos, pero rara vez se cubren en la prensa internacional.

Detrás de las protestas generalmente hay preocupaciones sobre los recursos naturales o contaminación por actividades de minería, petróleo, energía y tala.

Esta crisis sobre la tierra y los recursos naturales es lo que explica principalmente por qué los asuntos indígenas son también cuestiones ambientales y de desarrollo.

La jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunal, ha incorporado explícitamente dentro del ámbito material de este derecho que los recursos naturales tradicionalmente utilizados por los pueblos indígenas y vinculados a sus culturas, incluidos los usos que son estrictamente materiales y otros usos de carácter espiritual o cultural, se deben respetar.

Conservación ambiental

Una cuestión de contención es la coincidencia y el conflicto entre las estrategias de conservación y los pueblos indígenas. El hecho de que las áreas habitadas por los pueblos indígenas a menudo también se consideren cruciales para la conservación ha sido foco de conflicto y debate.

El estilo de vida de subsistencia de los pueblos indígenas es menos destructivo para el medio ambiente que las economías agroindustrializadas de los pueblos no indígenas.

A menudo se observa que los pueblos indígenas tienen una relación intuitiva con la naturaleza, una riqueza de conocimientos tradicionales y han utilizado las prácticas de manejo de recursos naturales durante siglos para preservar sus tierras.

Cultura Agrícola Avanzada

Los timotos y los cuicas, indígenas que poblaron los Andes venezolanos, emplearon métodos avanzados para vencer los obstáculos de la topografía del terreno. Para sus cultivos construyeron terrazas o andenes, técnica ideada por ellos con el fin de evitar la erosión y conservar la capa vegetal.

El papel de mayordomía de los pueblos indígenas apoya firmemente la posibilidad de colaboración con organizaciones de conservación para mantener la biodiversidad. Sin embargo, se ha sugerido que hay diferencias inherentes e irreconciliables en las agendas de los pueblos indígenas y los conservacionistas. Mientras que los primeros se preocupan principalmente por su bienestar económico y la protección de sus tierras para su propio uso, estos últimos quieren mantener la naturaleza intacta, en la que se priorizan las áreas protegidas y programas basados en la ciencia biológica y ecológica.