Derecho de acceso a la información

Si bien se lo asocia al derecho a solicitar y recibir información de entidades públicas, el derecho a la información va mucho más allá, e implica una comprensión más amplia: la promoción de la libertad de información puede coadyuvar la participación democrática y el buen gobierno, además de colaborar en el cumplimiento de otros derechos humanos.

Las Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas generales, afirmó que “la libertad de información es un derecho fundamental y… la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas”. En otras palabras, es un derecho instrumental que puede ser utilizado para garantizar el cumplimiento de otros derechos esenciales del ser humano y es, además, la herramienta principal para la participación ciudadana en un sistema democrático ya que informa al electorado, asegura el rendimiento de cuentas del gobierno y el funcionamiento adecuado del proceso político.

Información y gobernabilidad

A través del acceso a la información se fortalece la confianza en las instituciones otorgándole transparencia a las operaciones que realiza el Estado, lo que favorece la efectividad del mismo en la atención de las necesidades y demandas públicas.

Esto sucede porque su función lo vuelve una herramienta vital en la lucha contra la corrupción -una de las amenazas más poderosas contra el desarrollo económico y social de cada país- ya que implementa efectivamente el control público en todos los actos del gobierno y así promueve mayor rendición de cuentas y hace posible revelar abusos, errores y debilidades en el sector público.

Por estas razones es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.”

Información y libertad de expresión

En el sistema democrático los ciudadanos tienen derecho a ser oídos y a escuchar, a acceder a variadas fuentes de información y a participar de las instituciones democráticas y evaluarlas. Para participar y evaluar, los ciudadanos tienen que poder formar sus propias opiniones cosa que solo es posible si puede expresarse e informarse cabalmente sobre los asuntos públicos.

La libertad de expresión es indispensable para que los ciudadanos puedan participar de la vida política. Para que la participación no se agote con el ejercicio del derecho al voto, es preciso que los ciudadanos aprendan unos de otros, discutan, deliberen, lean, escuchen, investiguen y pregunten tanto a políticos como a especialistas. Es necesario que los ciudadanos comprendan para que puedan opinar con fundamentos y tomar las decisiones convenientes. Y solo se puede comprender cuando hay acceso a fuentes de información, variadas e independientes, de los estamentos gubernamentales.

Derechos humanos

Tanto el derecho a la libre expresión como el de acceso a la información son considerados hoy como derechos humanos, derechos que pertenecen al ser humano solo por serlo. El reconocimiento internacional a esta condición llegó el 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de la ONU sancionó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así consta en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

También en el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se reconoce que cada persona tiene el derecho a la libertad de investigación, de opinión, y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

Los especialistas en estos temas, sobre todo los juristas, utilizan distintas locuciones para referirse a ellos, sin hacer diferencias. Libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información son, para algunos, diferentes modos de expresar lo mismo. Sin embargo hay quienes prefieren el concepto derecho a la información por considerar que incluye al conjunto de derechos relacionados con la pública expresión y comunicación de las ideas y noticias.

Democracia y libertad de expresión

Tanto el que emite información como el que la recibe deben ser tenidos en cuenta, ya que el derecho que tiene el ciudadano a la información incluye el derecho a informar y a informarse. Esto significa que al cercenar a un individuo su derecho a expresarse, se está simultáneamente negando el derecho de otros a recibir información e ideas del sujeto censurado.

El vínculo que existe entre la democracia y la libertad de expresión es muy estrecho, la forma de vida democrática implica de por sí diálogo, tolerancia y respeto por el otro. Vale destacar también que el principio de soberanía popular, inherente a la democracia, presupone que los individuos pueden informarse, debatir con el objetivo de formar opinión y ejercitarse para participar directa o indirectamente en la formación de las leyes y en la conformación del gobierno. Para poder pronunciarse sobre los asuntos públicos y elegir sus representantes, es imprescindible que los ciudadanos estén informados.

En los regímenes democráticos la libertad de prensa constituye un pilar sobre el que se apoyan las demás libertades. Si no hay libertad de prensa o se encuentra limitada arbitrariamente, no puede hablarse de democracia genuina.

Sin la libre expresión de las ideas a través de los medios masivos de comunicación, no sería posible la crítica y el control de los actos de gobierno ni la expresión de desacuerdos por parte de los partidos opositores.

Derecho a informar

El derecho a informar contempla tanto a quien brinda información (emisor) como a quien la recibe (receptor), es decir, incluye el derecho a informar y el derecho a ser informado.

El derecho a informar es el que tiene todo individuo a comunicar a los demás sus ideas, opiniones e información de la que tenga conocimiento. Es un derecho que por lo general está contemplado en las constituciones nacionales, pero también en pactos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 13, inciso 3, prohíbe la censura encubierta.

Las formas encubiertas de censura son variadas. En la actualidad la tecnificación hace que los medios de comunicación sean muy costosos de mantener. Su subsistencia depende de la publicidad y del acceso a las fuentes de información. Una forma de censura encubierta sería, entonces, que el Estado difundiera sus avisos solo en algunos medios, o que solo proporcionara información a los medios afines. Otra forma de censura encubierta sería el monopolio en el suministro de papel para los diarios. Esto podría llevar a que los periodistas o las empresas periodísticas decidieran no publicar información que comprometiera al gobierno, por miedo a represalias, como la quita de avisos publicitarios.

Existe también la llamada “censura previa”, que es aquella que se produce cuando funcionarios del gobierno designados para cumplir la función de censores, examinan libros, revistas, obras teatrales y todo tipo de forma de expresión pública con el objeto de autorizar su difusión, restringirla o prohibirla. Es un instrumento del que se valen los regímenes dictatoriales para controlar a los ciudadanos e impedir que difundan sus ideas.

De todos modos hay que tener en cuenta que el hecho de que se prohíba la censura no significa que quien informa no deba hacerse cargo de sus responsabilidades. Quien falte a alguna ley al expresar una opinión, será pasible de ser sancionado con las penas que establece la norma violada.

Derecho a ser informado

Este derecho es el que tiene todo individuo a acceder a fuentes de información. Comprende tanto a la prensa como a los ciudadanos. Para la prensa y los periodistas implica la posibilidad de acceder, por ejemplo, a informantes o documentos que les permitan realizar su tarea de informar. Para los ciudadanos en general este derecho comprende la posibilidad de acceder a diferentes medios de información y formar así su propia opinión.

Un complemento fundamental para el cumplimiento de este derecho es la protección de las fuentes de información periodística. Difícilmente una investigación periodística podría prosperar si no contara con la ayuda de alguien que se niega a darse a conocer públicamente por temor a represalias. De modo que, si el periodista no pudiera garantizar el secreto a su informante, seguramente lo perdería. Por eso el secreto a las fuentes de información periodística está garantizado, en muchos casos, por las constituciones nacionales.