Problemas fronterizos entre Argentina y Uruguay

Tras la separación de España en 1811, Uruguay fue anexado por Portugal a sus territorios brasileños, pero no fue hasta 1828 que el país llegó a ser totalmente independiente según el Tratado de Montevideo. Hasta principios del siglo XX, este país participó en un concurso interno de poder político a través de guerras civiles, dictaduras y caudillismo.

Las administraciones del presidente José Batlle a principios del siglo XX lanzaron reformas políticas, sociales y económicas generalizadas que establecieron una tradición estatista.

Los socios políticos y económicos más importantes de Uruguay son sus vecinos, en particular Brasil y Argentina.

Disputa internacional

Planta de celulosa

El 4 de mayo de 2006, Argentina interpuso un recurso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra su vecino Uruguay, alegaba que este país había incumplido una obligación bilateral de consultarles antes de emprender un proyecto de celulosa en el río Uruguay.

El proyecto se encuentra a 25 kilómetros de la localidad argentina Gualeguaychú.

El proyecto estaba en una fase inicial de construcción y contaba con los permisos necesarios de las autoridades uruguayas. Si se completaba, sería el mayor proyecto de molienda de celulosa del mundo.

¿Sabías qué...?
La fábrica de celulosa inaugurada en 2007 está ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, a orillas del río Uruguay, que forma la frontera entre las dos naciones sudamericanas.

En su demanda, Argentina alegó que Uruguay, al autorizar unilateralmente la construcción de las fábricas de papel, había violado el Estatuto del Río Uruguay, tratado entre ambos países.

Argentina solicitó la reparación del perjuicio derivado de la supuesta falta de cumplimiento por parte de Uruguay de los procedimientos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay, en particular el procedimiento de notificación previa y consulta de este estatuto.

Las emisiones tóxicas de gases y líquidos y la liberación de vapores malolientes de las dos fábricas de papel eran la mayor preocupación de Argentina; ya que estas podrían dañar el frágil ecosistema del río Uruguay, además de perjudicar la salud de más de 300.000 residentes locales. Las fábricas también causarían daños materiales, ya que tendrían efectos nocivos sobre los recursos pesqueros y la economía local.

El punto clave de discordia entre las partes era si las fábricas de papel cumplirían o no las normas internacionales relativas a la emisión de efluentes. Según Uruguay, los estudios ambientales demuestran que el impacto no era tal para que cumpla con el umbral de activar los requisitos de notificación que involucran a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Por su parte, Argentina rechazó estos estudios y alegó que son parcialistas, demasiado optimistas e incompletos, especialmente en lo que respecta a los efectos potenciales en la salud y socioeconómicos; por lo que solicitó información adicional en el marco de la CARU y exigió un estudio más global e independiente sobre los posibles efectos ambientales.

Comercio

Uruguay forma parte de la zona de libre comercio del Mercado Común del Sur (Mercosur). Casi la mitad de las exportaciones del país se destinan a Argentina y Brasil, el resto, a los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Las importaciones proceden principalmente de los socios del Mercosur, la Unión Europea y Estados Unidos.

Protestas

Las objeciones de Argentina a la fábrica de celulosa arriesgaron una división diplomática entre los dos países después de que Buenos Aires llevó el asunto a la Corte Internacional de Justicia, el tribunal de La Haya que arbitra las cuestiones transfronterizas entre países.

El tribunal decidió en julio que el proyecto podría seguir adelante, y el Banco Mundial ha dicho que la planta cumple con sus normas ambientales.

En 2010, la CIJ falló a favor de la operación uruguaya de dos fábricas de papel en el río Uruguay.

EcoMetrix, la compañía canadiense que llevó a cabo el estudio de impacto ambiental del Banco Mundial, manifestó que las emisiones de la planta estarían muy por debajo de los niveles aceptados y que las industrias locales no podrían enfrentar problemas a largo plazo.

Sin embargo, el proyecto llevó a que manifestantes ambientalistas se reunieran en las afueras de las oficinas presidenciales en Montevideo.

Uruguay afirmó que una ronda anterior de manifestaciones sobre la planta había causado al país 200 millones de dólares en pérdida de turismo y comercio.

La ola de protestas contra el proyecto hizo que Ence, la empresa española que estaba a cargo de una de las dos fábricas de celulosa, trasladara su proyecto a otras partes de Uruguay. Pero la fábrica que construía la empresa finlandesa Botnia siguió adelante. El río Uruguay es compartido por ambos países.